En el sector energético, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se enfrentan por la reforma del límite legal de inversión en las redes eléctricas. Las eléctricas han estado solicitando esta reforma durante meses, pero el costo estimado para el Estado es de 53.000 millones de euros para el año 2030, según el PNIEC.
En 2013, durante el gobierno de Mariano Rajoy, se aprobó un límite anual de inversión para las distribuidoras eléctricas, que se ha mantenido desde entonces. La ministra Montero parece estar evitando aumentar este límite para no incrementar el tamaño de las compañías energéticas nacionales, lo que preocupa al sector.
Las eléctricas reconocen que sin la ayuda del Estado no podrán llevar a cabo la transformación necesaria en las redes eléctricas del país, ya que se necesita una inversión considerable. La ministra Ribera ha mostrado disposición a incrementar el límite de inversión en nuevas redes eléctricas, y el sector espera que se resuelvan los problemas en las redes para garantizar la demanda de energía verde.
Problemas en redes
Las eléctricas buscan aumentar el límite de inversión en las redes y negociar con la CNMC la próxima retribución para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica. El sector se queja de pérdidas debido a altos tipos de interés y sobrecostos de materias primas, por lo que se necesita una actualización en la retribución para subsanar estas dificultades.